La primera conferencia del ciclo De Felipe IV a Carlos II fue dada por el profesor José Javier Ruiz Ibáñez, catedrático de Historia de las Ideas Políticas de la Universidad de Murcia.
En ella trató del esfuerzo que hicieron las poblaciones del Reino de Murcia en enviar tropas al frente de la Guerra del Rosellón en los años 1635-1659, de la que resultó el alarde de armas de Yecla, que se celebra en la actualidad, pues los soldados que fueron a la guerra volvieron todos, y la participación de tropas en las procesiones de Semana Santa.
Reinados de Felipe IV y Carlos II, Austrias menores
En los años 1621-1700, que son los de los reinados de Felipe IV y Carlos II, el Reino de Murcia vivió una intensa actividad militar, como consecuencia de las guerras en que estuvo metida la Monarquía Hispánica, como fueron las de Holanda, Francia, Inglaterra, Cataluña y Portugal, a las que se unieron importantes sequías, epidemias de peste, riadas y terremotos, más su propia defensa y la de Orán / Mazalquivir en Argelia.
Las poblaciones de ciudades y villas fueron cargadas de contribuciones fiscales y militares: donativos llamados voluntarios, estancos de sal, servicios de millones y de milicias, cientos sobre las alcabalas o transacciones de mercado.
Surgieron nuevas instituciones, como la sargentía mayor de milicias y la superintendencia de rentas reales, con el fin de disciplinar a las poblaciones en sus contribuciones obligatorias.
En el territorio se crearon nuevos distritos, como los corregimientos de Lorca, Hellín y Villena, o villas: Fortuna, Huércal Overa, Bullas, Fuente Álamo de Murcia, y señoríos jurisdiccionales: La Alberca, El Palmar, Hoya Morena, Roldán, Santa Cruz de la Ribera, Alquerías, Beniel, Vuznegra o Boznegra (Sangonera), Ascoy, etc. Todo ello fue fruto de la venalidad y voracidad de la Hacienda regia, que vendió este tipo de mercedes, como también estatus de hidalguía o nobleza y títulos de caballeros de órdenes militares y nobiliarios.
Finalmente el Reino de Murcia fue escenario de numerosas batallas y combates, como el precedente de Cabo de Palos (1618), la razia argelina de 1637, que destruyó las torres de la costa de Cabo de Palos y Portmán, el ataque naval francés a las galeras en Cabo de Gata y aproximación a Cartagena (1643), el bombardeo entre dos flotas inglesas en la ensenada del puerto de Cartagena (una del Parlamento y otra realista) o las expediciones de persecución del bandolerismo.
Los registros generales de censos de 1627 y 1637 y la Superintendencia de Rentas Reales del Reino de Murcia: Institución y documentación catastral
Vicente Montojo Montojo
Técnico Responsable del Archivo General de Murcia
Las décadas del gobierno del conde duque de Olivares como valido (1622-1643) son ya muy conocidas por los proyectos que se desarrollaron en ese primer periodo del reinado de Felipe IV, entre ellos los de las Juntas de Población y otras, como la de Comercio (o la del almirantazgo), que tuvieron una mayor relación con la trayectoria de la vida económica.
La evolución de las actividades económicas fue de mal a peor a partir de 1628 y a ella se añadieron muchas manifestaciones de sobrecarga fiscal de cientos de alcabalas, donativos voluntarios y servicios de millones, dirigida desde el Consejo y Contadurías de Hacienda y la Diputación de Millones. A este esfuerzo acompañó otro de exploración sobre los recursos con los que contaban realmente los reinos castellanos, como la averiguación del arbitrio de la sal en 1631, al que se añade éste del que se trata aquí.
Otro expediente de carácter averiguatorio o catastral sobre las rentas de los vecinos de los reinos fue el de los registros generales de los censos, menos conocidos, pero muy importantes pues dejaron como vestigios unos cuadernos, legajos o libros (los registros de censos de 1627 y 1637) con testimonios o asientos de las declaraciones de los censos consignativos, enfitéuticos y perpetuos (es decir, rentas hipotecarias) por parte de personas e instituciones.
Estos registros generales de censos (1627-1637) pueden ser considerados, en cierta manera, como un recurso catastral regio intermedio entre las declaratorias de Toledo del reinado de los Reyes Católicos (1480, sobre juros), las averiguaciones fiscales de Carlos I y Felipe II (1528-1533 y 1557-1595, sobre alcabalas y servicios de cortes), los catastros del marqués de la Ensenada (1749-1770) y los registros de hipotecas (1768-1862), estos últimos precedentes inmediatos de los registros de la propiedad (1863-).
A su vez, la puesta en marcha de tales recursos informativos fue coetánea de reorganizaciones administrativas de los organismos hacendísticos provinciales y centrales, como en 1627-1637 las administraciones y superintendencias regnícolas de rentas reales (más tarde rentas generales y provinciales), o en 1749-1770 las intendencias de provincias (luego intendencias de rentas).
A estos efectos el reino de Murcia fue campo de implantación experimental o temprano tanto de registros de censos como de catastros. Así los registros de censos se realizaron en diversos distritos, como Caravaca de la Cruz, territorio de orden santiaguista (1627 y 1635-1640), y Murcia, cabeza de corregimiento y del reino (1637).
En esta ciudad la real provisión de Felipe IV (3.10.1637) para que el corregidor de Murcia hiciera registro general de los censos de concejos, comunidades y personas particulares fue firmada por Antonio de Camporredondo Río[i], el conde de Montalvo y Pedro Valle de la Cerda (señor de Casatejada e hijo de Luis Valle de la Cerda, del Consejo de Cruzada como él), y recibida por el corregidor Juan Gutiérrez Tello y Portugal, caballero de Santiago, veinticuatro de Sevilla, maestre de campo de la gente de guerra de Sevilla, proveedor de armadas y fronteras del reino de Murcia y justicia mayor de Murcia, Lorca y Cartagena.
Este tipo de registro lo hizo igualmente la Inquisición (a partir de 1582, por medio de sus escribanos), pero sólo en cuanto a sus propios censos y juros, mientras que el del que aquí tratamos fue generalizado a toda la población.
Notas:
-Este texto tuvo su punto de partida en “La Superintendencia de Rentas Reales del Reino de Murcia: Institución, documentación y tratamiento informatizado en el Archivo Histórico Provincial de Murcia”, publicado en I Jornadas de Archivos Históricos en Granada Los Fondos Históricos de los Archivos Españoles, Granada: Archivo Histórico Municipal y Facultad de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Granada, 1999, cd.
-[i] Fue presidente del Consejo de Hacienda hasta 1652, según: José Luis De las Heras, La jurisdicción del Consejo de Hacienda en tiempos de los Austrias, Actas del I Simposium Internacional Estado y fiscalidad en el Antiguo Régimen, Murcia, 1988, pp. 117-127, cfr. 126.
Superintendencia de Milicias de Murcia
La Superintendencia de Milicias de Murcia tuvo su antecedente en la Sargentía Mayor de Milicias de Murcia.
En 1646 Diego Zapata dirigió como superintendente de milicias el levantamiento de 2 compañías de milicia general para el frente de guerra de Cataluña, a las que hizo profesionalizarse
La Sargentía Mayor de Milicias del Reino de Murcia fue un oficio unipersonal, dependiente del Consejo de Guerra para los asuntos relativos a la milicia general, puesto que lo referente a milicias concejiles era competencia de los concejos y de los sargentos mayores de rebatos, y de las torres de defensa se ocupaba el Visitador general de las torres del Reino. La obligación de que las milicias concejiles de algunas villas y lugares acudieran a los rebatos fue sustituida a mediados del siglo XVII por este servicio pecuniario o renta real, llamada real servicio de milicias
La formación de la milicia general a partir de 1596 en Murcia y su reino ha de ser entendida en relación a la extensión de una burocracia militar vinculada al Consejo de Guerra, que se consagró con la Superintendencia de Milicias hacia 1646.
